Mirta Moragas // El caso de Lucía Sandoval, una mujer víctima de violencia que está acusada de haber matado a su marido, ha tomado estado público gracias al esfuerzo de organizaciones feministas y de derechos humanos, que vieron en el caso de Lucía, lo que le pasa a muchas mujeres que denuncian violencia en contra de sus parejas. La denuncia las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad por la falta de debida diligencia del Estado en este tipo de casos.

En estos días se dieron a conocer los alegatos finales de todas las partes. La querella argumentaba que Lucía “mató a su marido influenciada por la menopausia, que produce obsesiones en las mujeres”. La fiscalía insistió en que el móvil fueron “los celos”. Ambas partes se contradijeron y cambiaron de versión sobre el lugar desde donde se efectuó el disparo. En un programa de televisión, la abogada de la querella insistió en que hubo dos disparos pero fue incapaz de señalar el informe que acreditaba sus palabras. La misma llegó a afirmar que la prueba de parafina dio negativo en Lucía, porque ella “se lavó las manos”. Me quedé pensando en las muchas personas que no habían tenido la inteligencia de lavarse las manos, si, había sido, era tan fácil eliminar esa prueba.

En todo momento, la fiscalía negó los antecedentes de violencia. Lucía declaró que ella había entregado los celulares donde constaban los mensajes de amenaza que recibió de su marido. Aparentemente, esos celulares nunca fueron peritados ni los mensajes transcriptos y analizados. De comprobarse esto, los antecedentes deben ser elevados al Juzgado de Enjuciamiento de Magistados, ya que esta omisión es gravísima en una investigación, que raya la violación del principio de objetividad, por el cual la fiscalía está obligada a buscar pruebas de cargo y descargo, es decir, a favor y en contra, en la etapa investigativa.

La fiscalía, ante la impotencia de ver cómo la opinión pública iba entendiendo claramente lo que ella trató de negar en todo momento, hizo algo bastante inusual; convocó a una conferencia de prensa para volver a explicar los fundamentos de su acusación. Y de paso, para decir que las organizaciones que piden justicia y libertad para Lucía están “coaccionando al tribunal”. Parece que le molesta de sobre manera que la sociedad pida lo que debería pedir siempre: una justicia transparente, que rinda cuentas a la sociedad, que explique y argumente sus fundamentos. Tal vez la fiscala pensó,  (como piensan muchos operadores/as de justicia), que con echarle la culpa a Lucía, bastaba. Que con decir que ella mató “por celos”, sin molestarse en buscar elementos probatorios que sustenten sus afirmaciones, bastaba. Total, ella contaba con una cultura machista que iba a legitimarla, no le hacía falta contar con pruebas.

Al mismo tiempo, impresiona su despliegue de ignorancia al decir que argumentar en el juicio con instrumentos de derechos humanos firmados y ratificados por Paraguay, que además tiene rango cuasi- constitucional, era otra manera de “coaccionar al tribunal”.

Da mucho miedo la justicia en Paraguay. Da mucho miedo que la vida y la libertad de las mujeres esté en manos de personas que justifican la violencia contra ellas, que prefieren que ellas mueran aguantando la violencia antes que denuncien y traten de defenderse.

De la sentencia del miércoles depende la vida y la libertad de muchas mujeres. Del mensaje que el miércoles dé  el tribunal de sentencia, depende que las mujeres puedan tener mínimas razones para confiar en la justicia.

Pero con eso no basta. Se debe revisar profunda y seriamente la actuación del juzgado de paz que le entregó a ella la denuncia para que la entregue a su marido, ya que esta es una práctica habitual en este tipo de casos. Hay que revisar la actuación de la fiscala, que desde el inicio ha demostrado una profunda misoginia. El Estado y la sociedad debemos aprender de este caso y avanzar hacia un país donde el hogar deje de ser uno de los lugares más inseguros para las mujeres.