Clyde Soto y Rocco Carbone // Mientras las redes sociales se sacudían con las noticias referidas al Cerro León y los periódicos se saturaban con las cuentas secretas de Horacio Cartes en Suiza, la Larga Marcha campesina llegaba a Asunción el 10 de febrero, concluyendo su potente desfile de seis días, formulando sueños y vientos de cambio en el Paraguay. Gran marcha, enorme discursividad plebeya que traza una escritura, acompañada del peso de cuerpos portadores de una frase política poderosa: “Paraguay se pone de pie por una Patria nueva”. Patria –nos los enseñó Podemos desde España, recuperando la experiencia griega de Syriza; aventuras, ambas, que aprendieron mucho de la América Latina del siglo XXI–: “esa comunidad que asegura que se protege a todos los ciudadanos, que nos permite soñar un país mejor, creyendo seriamente en nuestros sueños” (Pablo Iglesias, dirigente de Podemos, discurso en Madrid, 31/01/2015).

Cuerpos a borbotones fueron saliendo desde diversos puntos del país para unirse a las dos columnas organizadas por el Partido Paraguay Pyahurã, agrupación política de izquierda, de mayoría campesina, surgida como movimiento en 1996 y constituida como partido en 2012. La demanda fue y es que renuncien Cartes y su gabinete y se instale en el país un gobierno patriótico y democrático, porque el actual gobierno paraguayo representa la apropiación del país para la minoría de siempre, beneficiada con privilegios ganados y sostenidos sobre la masacre de derechos de las grandes mayorías paraguayas/latinoamericanas. Las mismas mayorías relegadas por la configuración de los Estados nación y aun antes, desde la Conquista y la colonización de estos territorios. La proclama de la Larga Marcha explica como razones de tal demanda al conjunto de cuestiones que sacuden al país desde antaño y se profundizan desde el golpe de 2012 y el posterior regreso del coloradismo al poder en 2013 (remozado con su proyecto de reestructuración capitalista): la modificación de la ley de defensa, la privatización encubierta por la Ley de alianza público-privada, la desigual política fiscal, la persecución a los pobres, a sus dirigentes y organizaciones, la narcopolítica, la incapacidad de los partidos tradicionales de enfrentar estos flagelos.

El Cerro León está ubicado en el norte del Chaco, en el área protegida del Parque Nacional Defensores del Chaco, y forma parte del territorio ancestral del pueblo Ayoreo. En esa región habitan los últimos núcleos de ayoreos en aislamiento voluntario, sin contacto con la sociedad circundante pero permanentemente amenazados por su avance. El Cerro León está en la mira de la voluntad de exploración y posterior explotación manifestada por el gobierno nacional. Quieren hacer de él una cantera para sacar piedras y realizar caminos en el Chaco paraguayo. Un juez dio curso a un amparo que prohíbe tales acciones, pero un tribunal de apelación aceptó la apelación de la propia Secretaría del Ambiente, eliminando el eventual obstáculo judicial a la pretensión de avanzar sobre el Cerro.

El caso Cerro León es la expresión del patrón de actuaciones gubernamentales, vía alianza nefasta de los tres poderes estatales, para instalar un modelo económico basado en la ideología desarrollista, que propicia la sobreexplotación de la naturaleza sin contemplaciones ni del equilibrio ambiental ni de los derechos de las personas, donde la ley es el retorno y beneficio privado de los inversores. Las palabras del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (Ramón Jiménez Gaona) fueron nítidas: “hoy no sabemos si tenemos piedras que sirvan para alguna cosa que no sea simplemente estar ahí” (ABC, 10/02/2015). Desde esta visión, el Cerro León “no sirve” porque simplemente “está ahí” sin que se lo explote. El pueblo Ayoreo, habitante ancestral de ese territorio, no existe como preocupación gubernamental, pueblo integrado por subjetividades y no piedras.

Entretanto, el caso Curuguaty sigue su complejo camino hacia la impunidad con el juicio-farsa a Rubén Villalba, iniciado el 11 de febrero en Salto del Guairá. Se trata de uno de los campesinos injustamente acusados en la causa de la masacre de Marina Kue (que dio pie al golpe de 2012). Lo procesan por otro caso ya extinto: el conflicto de Pindó (2008), cuando pobladores de la comunidad resistieron a que una comitiva fiscal habilitara la fumigación sojera cerca del tanque de agua y en las inmediaciones de la escuela básica de la zona. La causa estuvo suspendida por siete años hasta que al sistema le convino resucitarla para sostener la prisión ilegal de Rubén; que lleva 28 meses, incluidas dos huelgas de hambre de 60 días cada una.

¿Qué representan estas cuestiones en la vida política y simbólica del Paraguay? Rubén Villalba: la resistencia ante la injusticia operada desde el sistema judicial. El Cerro León: la angurria capitalista, el olvido indígena por parte del Estado y una ciudadanía que podría hacer de la indignación un acto político. La Larga Marcha campesina: una gran expresión de que, pese a todo, el Paraguay se mueve, resiste y también se piensa desde otras perspectivas que provienen de los sectores arrasados por el mismo modelo depredador que pretende hacerse con el Cerro León.