La Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay (MIPY) solicitó al Ministerio de la Mujer la creación de una Dirección de los derechos de las mujeres indígenas, dentro de su estructura institucional. El pedido fue presentado en el marco del Día de la Resistencia Indígena, fecha que se conmemora con la reivindicación de derechos de los pueblos indígenas.

Un grupo de seis mujeres en representación de la organización presentó la solicitud nota mediante, dirigida a la ministra de la mujer, Cinthia Figueredo este viernes 11 de octubre en sede de la cartera estatal.

La organización señala en la nota que es muy importante que la institución trabaje con organizaciones de mujeres indígenas para diseñar e impulsar políticas públicas adecuadas para garantizar sus derechos.

También recomendaron que, al crearse la dirección, se ponga al frente de ese espacio a una mujer indígena, según criterios adecuados y en conversación con organizaciones de mujeres indígenas, para que pueda reconocerse y valorarse las capacidades de las mujeres indígenas.

Afirman que la creación de esta dirección también contribuirá con que el Estado paraguayo cumpla con recomendaciones internacionales hechas respecto a los derechos de las mujeres y las niñas indígenas, principalmente su derecho a una participación significativa, efectiva e informada.

Hoy, como cada 28 de septiembre, por el Día de la Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro, desde Paraguay las mujeres nos posicionamos:

Ante la persecución, la violencia y la desinformación las feministas respondemos y resistimos. En este contexto de avance de fundamentalismos, neo conservadurismos y grupos anti derechos que impactan en las acciones del Estado e impiden que las mujeres, las niñas y las personas con capacidad de gestar accedamos a nuestros derechos: nos organizamos.

La combinación de leyes restrictivas, estigma social y barreras económicas recrudecen el problema de los abortos inseguros en Paraguay, lo que representa un grave problema de salud pública. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), históricamente, el país ha tenido altas tasas de mortalidad materna, y muchas de esas muertes se atribuyen a complicaciones por prácticas de abortos clandestinos en condiciones inseguras e insalubres.

Aproximadamente en nuestro país hay 30.000 abortos inducidos anuales y 6.500 egresos hospitalarios por esta causa. La criminalización y penalización social provocan miedo en las mujeres, las disuade de asistir a un servicio médico, incluso frente a complicaciones severas.

El Estado insiste en perseguir a organizaciones que contribuyen, con su trabajo, con investigaciones científicas, sociales y culturales, que sirven de conocimiento para diseñar políticas públicas a favor de las mujeres, la niñeces y muchos otros sectores excluidos históricamente. 

Las feministas en nuestra diversidad nos plantamos ante los que niegan derechos y obstruyen el acceso a interrumpir los embarazos de niñas y adolescentes, resultado contundente de un abuso sexual infantil. Obligarles a parir constituyen una tortura y una grave vulneración a sus derechos fundamentales que deben ser protegidos ante todo.  

Todas las denuncias de niñas y adolescentes obligadas a convivir con sus abusadores dentro de sus familias, deben ser atendidas. Es inadmisible que los abusadores queden impunes y que no se piensen en respuestas de reparación.

El Ministerio Público registró 28.919 denuncias de abuso sexual infantil entre agosto del 2014 y agosto del 2024 cifra que nos alarma, vemos con mucha preocupación que estas situaciones de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes sean normalizadas por la sociedad debido a la inacción de las instituciones encargadas de investigar e impartir justicia.

¡La inacción del Estado es violencia!

Exigimos que: 

El Estado a través del Ministerio de Salud garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y todas las personas. Se debe promover la salud sexual y reproductiva, proveer métodos anticonceptivos, y la EIS. En los hospitales debemos contar con medicamentos e insumos, que permitan la concientización y la atención, la protección de las niñas, adolescentes y mujeres.

Recordamos los compromisos internacionales asumidos por el Estado Paraguayo a:

• eliminar las barreras que impiden el acceso a nuestros derechos, 
• que es responsable de garantizar los derechos reproductivos que abarca no solo el derecho a decidir sobre la gestación  sino también las condiciones sociales, económicas y políticas que influyen en estas decisiones. 
• los tres pilares principales: el derecho a tener hijos o no tenerlos, el derecho a criar a las hijas e hijos en un entorno seguro y saludable y la autonomía para tomar decisiones sobre la propia salud reproductiva sin exponerse a persecución, coerción o discriminación.

Exigimos al Ministerio de Educación y Ciencias la derogación de la Resolución 29.664/17 que prohíbe hablar de género obstruyendo la posibilidad de  pensar en una educación integral de la sexualidad adecuada.  

Exigimos que el Estado elabore una propuesta de calidad teniendo en cuenta nuestras realidades, desde un enfoque intercultural considerando el curso de vida de las niñas, mujeres.

Exigimos al Estado Paraguayo el acceso a un aborto legal seguro para las niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar.

“Si la Violencia estructural sigue y no se activan los mecanismos para la atención oportuna, adecuada de acuerdo al curso de vida con insumos suficientes y la garantía del derecho a proteger y promover , nos tendrán acá defendiendo nuestro derecho a decidir, hablando de todos nuestros derechos sexuales y reproductivos y el aborto legal…..”

Mujeres movilizadas por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Foto: Laila Tellechea.

FEMINISMOS EN LUCHA POR LA DEMOCRACIA

14 y 15 de septiembre de 2024

Asunción

Mujeres organizadas, activistas y lideresas campesinas, sindicales, indígenas, afrodescendientes, militantes antirracistas, bañadenses, estudiantes, trabajadoras domésticas, trabajadoras sexuales, investigadoras sociales, periodistas y comunicadoras urbanas y rurales, jóvenes, adultas y mayores, madres, mujeres trans, lesbianas y de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, pertenecientes a 52 organizaciones sociales, reunidas en el XVII Encuentro entre mujeres activistas y lideresas de la sociedad civil, analizando y debatiendo sobre la democracia y sobre nuestros feminismos, DENUNCIAMOS:

• Que en varios países de nuestra región, y también en Paraguay, existe una presión de sectores de ultraderecha, ultraconservadores y anti-derechos, que secuestran los poderes del Estado para destruir las políticas sociales y los avances en derechos que se produjeron en América Latina en décadas anteriores. Atacan los derechos jubilatorios, los derechos reproductivos y sexuales, el derecho a la libre expresión, el derecho a la organización, los derechos de las mujeres y de la población TLGBIQ+ y la igualdad de género.
• Que las fuerzas conservadoras y fundamentalistas se articulan con los poderes económicos y políticos y actúan en conjunto para sacarnos derechos, en algunos países incluso se alían con el narcotráfico, con grupos paramilitares y con organizaciones criminales que lucran con la trata de personas y otras actividades ilícitas.
• Que el Estado paraguayo está cooptado por el poder económico y por la narcopolítica. Las políticas públicas son para los poderosos, son ellos los que están mejor y no la población. Mientras ellos se siguen enriqueciendo, en el campo faltan alimentos, los bosques se queman y las mujeres indígenas ya no pueden obtener las materias primas  para su artesanía ni las plantas de la medicina tradicional no hay trabajo en las zonas rurales y la juventud se ve asediada por el narco, por la expulsión de sus comunidades y por el desplazamiento forzado.
• Que los conservadurismos impulsan reformas laborales para precarizar aún más las vidas de las trabajadoras y los trabajadores y de las personas adultas,  y retroceder en derechos clave como la jubilación o la estabilidad laboral, perjudicando con mayor fuerza a las mujeres, a las personas más pobres, a las personas racializadas y a las personas discriminadas por razones de orientación sexual e identidad de género.
• Se promueven también reformas económicas que favorecen a los sectores extractivistas del agro y el hidro negocio, en perjuicio de las personas campesinas que producen nuestros alimentos en el campo y de los Pueblos Indígenas. Mientras, esos grupos siguen actuando en perjuicio de las mayorías e incluso son actores centrales de la crisis climática que está causando estragos en nuestros países, como los gigantescos incendios que afectan actualmente a los ecosistemas del Gran Chaco Americano y del Amazonas.
• Que estos sectores, sólidamente aliados, utilizan discursos de odio, noticias y campañas de desinformación, como el invento de la “ideología de género” para perseguir y criminalizar la lucha social de los feminismos y las diversidades y buscan impedir que hablemos de género, igualdad, protección de derechos y abusos, incluso desde el ámbito educativo
• Utilizan además la persecución y el miedo para acallar a las organizaciones sociales y a las organizaciones feministas, y persiguen incluso a comunicadoras que trabajan por la igualdad.
• En todos estos ataques los cuerpos disidentes son los más afectados por las agresiones, así como las mujeres de los sectores populares, y cuando se trata de mujeres con liderazgo o presencia pública, la violencia política de género se aplica con más fuerza para silenciarlas, mediante el acoso sexual, la intimidación y las agresiones verbales y físicas.

Ante todo esto, mujeres feministas nos unimos y decimos:

• • Que los ataques a derechos, protagonizados por los sectores ultraconservadores son ataques a la democracia, una democracia que aún es débil y excluyente pero que es el espacio donde podemos seguir luchando por nuestros derechos y que debemos ampliar para que sea una democracia de cuidados, paritaria, incluyente e igualitaria.
  • Que la avanzada anti-derechos y ultraconservadora encuentra en los feminismos al movimiento social que más confronta y desafía sus ataques: las feministas somos muchas, estamos en expansión permanente, cada vez más hay mujeres jóvenes que sin miedo se reconocen feministas, con feminismos populares, antirracistas y anticoloniales que se multiplican y se visibilizan y ponen a diario el cuerpo para la resistencia.

• Que las feministas y nuestras organizaciones trabajamos en educación y formación en igualdad y derechos, trabajamos por los derechos de las trabajadoras domésticas, por los derechos sexuales y reproductivos, por la legalización del aborto y la plena vigencia de nuestro derecho a decidir y del Estado laico, por los derechos de las personas viviendo con VIH, por el derecho pleno a la salud, por el derecho a la educación integral en sexualidad, por los derechos de las personas LGBTIQ+, por los derechos de los Pueblos Indígenas, por tener una alimentación sin agrotóxicos, por el empoderamiento político y económico de las mujeres, por el derecho a la no discriminación y a la visibilidad de las mujeres  afrodescendientes y de las mujeres trans, por el fin de la violencia de género,  por todos los derechos, y lo hacemos sin pausa.

• Que los feminismos tenemos una gran capacidad de lucha y resistencia, de trabajar articuladamente, de construir espacios de convergencia, más allá de las diferencias. Somos diversas, aunque muchas veces seguimos reproduciendo la cultura y las prácticas colonialistas y propias de la sociedad dominante, por lo que necesitamos ennegrecer e indigenizar nuestros feminismos. 

Y convocamos a nuestras congéneres y a toda nuestra sociedad:

• A construir una democracia fuerte, incluyente, no de fachada, sino una democracia que reconozca todos los derechos de todas las personas y a luchar por la democracia en toda nuestra América Latina.
• A construir más feminismo, integrando el diálogo intergeneracional y colocando el antirracismo, el anticolonialismo y la lucha contra el extractivismo, el capitalismo, el neoliberalismo y toda forma de discriminación como ejes centrales de nuestras organizaciones.
• A interpelar a nuestras congéneres mujeres que discriminan a otras mujeres o se oponen a los derechos; a contarles a ellas, a los hombres y a nuestra sociedad que los feminismos luchamos por la igualdad, trasmitiéndoles eso con ternura política feminista.
• A confrontar el miedo que intentan imponer desde los sectores anti-derechos y a disputar el poder en la institucionalidad democrática para proteger nuestros derechos, evitar retrocesos y avanzar. Estamos desafiadas a fortalecer nuestra construcción política para disputar dentro de la sociedad, más ahora cuando las feministas somos centro de los ataques.

• A seguir creando y fortaleciendo espacios de formación en género, feminismos, democracia, interculturalidad e interseccionalidad, a construir y deconstruir conceptos de la cultura política dictatorial, machista y patriarcal que siguen vigentes y a disputar la comunicación, confrontando las noticias falsas y las mentiras en las redes, en los espacios de encuentro, en toda nuestra sociedad.
• A no cansarnos de luchar por nuestros derechos y por nuestros territorios, a superar los miedos, el cansancio, los ataques, y a continuar trabajando articuladamente y buscando la unidad, a seguir sosteniéndonos, a autocuidarnos y cuidarnos unas a otras y a hacer más amorosas las trincheras.
• A seguir celebrando y valorando la diversidad de las mujeres, de las organizaciones feministas, de toda nuestra sociedad. 

¡Más feminismo es más y mejor democracia!

OEA, Gobierno nacional y ciudadanía paraguaya:

DEFENDAMOS LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Documento de posición de organizaciones paraguayas de mujeres, feministas y de derechos humanos

Ante la realización en Paraguay del QUINCUAGÉSIMO CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA, las organizaciones que suscribimos este documento hacemos oír nuestra voz en defensa de la igualdad de género, de los derechos de las mujeres en toda su diversidad y de la población LGBTIQ+ en Paraguay.

1. Las mujeres y las personas LGBTIQ+ estamos afectadas por discriminaciones y violencias diarias, interseccionales y limitantes, tales como feminicidios, transfeminicidios, abusos de niñas y adolescentes, trata de niñas, adolescentes y adultas para esclavitud sexual, violencia política, discriminaciones laborales, prácticas como los matrimonios y uniones tempranas o el embarazo de niñas y adolescentes, que perpetúan un ciclo de vulnerabilización y desigualdad, entre muchas otras que impiden nuestras plenas autonomías física, política y económica. Estas violencias tienen como causa construcciones culturales de género que sustentan el machismo y el patriarcado, y que deben ser urgentemente modificadas.  Además, estas violencias son abordadas de forma insuficiente en Paraguay: faltan políticas públicas de prevención, calificación adecuada del funcionariado público y el acceso a la justicia sigue siendo un problema para las mujeres, lo que contribuye a la impunidad de la violencia.

2. Las mujeres defensoras de los derechos humanos corremos riesgos específicos, incluida la violencia sexual y la violencia basada en género, y somos afectadas de forma desproporcionada por la violencia política y la persecución por ejercer derechos básicos, como la libertad de expresión o el derecho a la protesta social. Es el caso de Vivian Genes, estudiante perseguida judicialmente de manera injusta por ejercer el derecho a la protesta en 2021, ante la falta de insumos durante la pandemia de COVID 19, quien corre el riesgo de ser recluida en prisión por años debido a su participación en actos de protesta masivos. Además, la violencia en el entorno digital se expande y se la utiliza para buscar acallar las voces de las mujeres y de las personas defensoras de los derechos humanos.

3. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres son letra muerta en Paraguay: la penalización del aborto impide el pleno ejercicio del derecho a decidir de las mujeres, se obliga a las niñas a parir cuando quedan embarazadas debido a la alta prevalencia de abusos, la violencia obstétrica es una realidad diaria en los servicios de salud del país, la educación integral de la sexualidad en el sistema escolar está vetada por el gobierno, eliminando una herramienta central para la protección de niñas, niños y adolescentes ante los abusos sexuales, mientras en el país existe un promedio diario de 10 denuncias de estos abusos ante el Ministerio Público, el 80% de los cuales se produce en el entorno familiar.

4. Las mujeres indígenas y campesinas vivimos formas extremas de discriminación y exclusión, con la invasión y expulsión de nuestros territorios ancestrales a través de desalojos violentos y desplazamientos forzosos, con el uso indiscriminado de agrotóxicos, por las múltiples carencias estructurales en que nos desenvolvemos y, sobre todo, por la negación del derecho a la tierra, que afecta principalmente a las mujeres y que nos impide obtener alimentos sanos y desarrollar nuestras formas de vida en el marco del buen vivir. Sufrimos la denegación de nuestros derechos colectivos, y situaciones alarmantes como la trata, principalmente de mujeres y niñas, el terrorismo, la persecución, la criminalización, el encarcelamiento y los asesinatos por defender derechos. Vemos el avance sistemático de religiones que no respetan los derechos, las identidades, los idiomas y las cosmovisiones de los Pueblos Indígenas, en una suerte de nueva colonización orientada al exterminio cultural. El racismo está muy presente en la sociedad paraguaya, invisibilizando a mujeres afrodescendientes, campesinas e indígenas y a las numerosas formas de discriminación específicas que les afectan. Ante estas y otras múltiples discriminaciones, en Paraguay no tenemos aún aprobada una Ley contra Toda Forma de Discriminación, algo necesario y urgente.

5. Denunciamos la desaparición de niñas, posiblemente víctimas de la trata y explotación de personas, y la escasa acción del Estado para encontrarlas. Solo en 2021 hubo 1306 denuncias de desapariciones de niñas, niños y adolescentes, casi el 80% niñas y adolescentes mujeres, sin que el Estado brinde cifras precisas sobre las recuperaciones. Además, está el caso de la niña desaparecida Lichita, insuficientemente buscada y con familiares criminalizados, que sufren la amenaza política y judicial de retirarles la condición de refugiados en Argentina para trasladarlos a Paraguay, evocando así el siniestro Plan Cóndor y perpetuando la represión y el miedo para todas las víctimas de persecución sistemática.

6. La igualdad en la participación política está lejos de ser alcanzada, mientras la violencia política es cada vez más fuerte. Un caso claro es el que afecta a la senadora Kattya González, agredida sostenidamente por sus colegas parlamentarios, quienes llegaron al límite de despojarla de su banca a inicios de 2024, sin causal válida e inconstitucionalmente, mientras se mantiene impunes a parlamentarios denunciados por corrupción y vinculación con organizaciones delincuenciales. Y existen otros numerosos casos de violencia política que ni siquiera son denunciados, debido a la impunidad, mientras seguimos sin la aprobación de nuestro proyecto de Ley contra la Violencia Política de Género.

7. El acoso a mujeres periodistas y comunicadoras es constante y quienes pretenden ejercer un periodismo con perspectiva de género se encuentran ante innumerables obstáculos. Las denuncias de acoso sexual hechas por mujeres periodistas han llevado a persecuciones y despidos injustos de varias de ellas en medios de comunicación empresariales. La mayoría de estas empresas no poseen protocolos de prevención de la violencia y el acoso, pese a que una resolución del Ministerio del Trabajo obliga a los medios de comunicación a contar con ellos. Estos hechos constituyen ataques a la libertad de prensa y de expresión, así como una amenaza a nuestra democracia.

8. Se sigue negando la voz de las mujeres que ejercen el trabajo sexual, sin reconocerles el derecho a la sindicalización, dejándolas desprotegidas ante las múltiples violencias que viven, especialmente las perpetradas por la propia Policía Nacional y otras instituciones del Estado.

9. Las mujeres trans continúan viviendo discriminaciones que les impiden su pleno ejercicio del derecho a la educación, a la salud, al empleo digno, a la tierra cuando son campesinas, además de ser permanentemente agredidas en sus identidades, hasta el punto de violencias extremas como el encarcelamiento en penales masculinos y los procedimientos policiales y fiscales arbitrarios. Los asesinatos y crímenes de odio de personas trans quedan en la impunidad y sin investigaciones adecuadas, en una muestra clara de discriminación por parte del Estado, sin que exista aún una Ley Integral Trans.

10. Los problemas que viven las mujeres y niñas con discapacidad no son debidamente abordados, por lo que enfrentan dificultades de acceso e impedimentos graves para ejercer todos sus derechos: a la educación, a la salud integral, al trabajo, a la participación social y política, a los derechos sexuales y los derechos reproductivos, a la privacidad y a la autonomía. No se cumple siquiera con el ínfimo porcentaje legal de inclusión laboral para las personas con discapacidad, ni las adecuaciones en la infraestructura edilicia y ciudadana, ni los servicios públicos incluyentes. Es una deuda que existan políticas públicas adecuadas para las personas con discapacidad, que no se limiten a la caridad y la filantropía, sino que se basen en los enfoques de derechos, de inclusión y de género, de manera transversal en todos los ámbitos y en todo el Estado.

11. La educación en Paraguay continúa con múltiples obstáculos, como falta de gratuidad, calidad y accesibilidad, bajo presupuesto, infraestructura inadecuada, discriminaciones y barreras culturales y sociales que limitan el acceso a derechos y oportunidades a las mujeres, niñas y adolescentes, así como su participación protagónica y plena en la sociedad. En lugar de promover la erradicación de los estereotipos de género, el gobierno los consolida con materiales educativos como el denominado “12 Ciencias”, acientífico, fundamentalista y patriarcal. Persiste la “Resolución Riera”, que prohíbe la difusión de materiales educativos con enfoque de género, limitándose así la libertad de enseñanza e instalando una suerte de pensamiento único en el sistema educativo formal, en todos los niveles. Tampoco en la educación superior se ha incorporado adecuadamente la perspectiva de género, ni existen apoyos adecuados ni becas suficientes para promover el acceso y permanencia de las mujeres.

12. Las mujeres trabajadoras domésticas, que han conquistado la igualdad legal del empleo doméstico después de más de una década de lucha de sus organizaciones, continúan sin poder ejercer plenamente sus derechos. Las entidades estatales responsables obstaculizan su acceso a la seguridad social y a una jubilación digna, no ejercen control sobre el cumplimiento del salario legal, las horas de trabajo y otros derechos que la ley les reconoce plenamente. Los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados, desempeñados principalmente por mujeres, no se reconocen ni se abordan adecuadamente en las políticas públicas y en el debate social. El acceso al derecho al cuidado es aún una deuda para toda la población paraguaya.

13. El ejercicio del derecho a la salud afronta graves obstáculos para las mujeres. Un ejemplo es el desfinanciamiento de insumos y medicamentos para patologías de elevada prevalencia en la población femenina, como son el cáncer de mama y el cáncer de útero. Hay una alta tasa de mortalidad materna, que afecta más gravemente a las mujeres más cuyos derechos son menos respetados, en especial a las mujeres indígenas. Existe una precarización y un desfinanciamiento sostenidos del sistema de salud, que además está partidizado, opera de forma clientelar y prebendaria, lo que impacta negativamente en los servicios. El desfinanciamiento impide que los escasos avances se hagan realidad, como sucede con la Ley de Salud mental, cuya implementación está limitada por falta de políticas apropiadas y de profesionales con conocimientos necesarios para una atención adecuada. En consecuencia, la salud mental queda desatendida, con graves efectos para las mujeres y para toda la población, llegándose a situaciones extremas, como los suicidios.

14. La institucionalidad de género está siendo desmantelada en las entidades públicas, se prohíbe el uso de los enfoques de género, intercultural e interseccional en las políticas públicas y documentos oficiales y se amenaza con desaparecer al Ministerio de la Mujer, logro del movimiento de mujeres paraguayo, para incluirlo dentro de un ministerio de la familia, intentando anular a las mujeres como individualidades y colectivos autónomos. Con un relato que infunde temor y una narrativa que propaga desinformación, el propio gobierno consolida el machismo y el patriarcado.

15. Los avances en los derechos de las mujeres están en riesgo y el gobierno paraguayo, en vez de orientar sus acciones y políticas hacia el debate y la educación sobre género, sobre nuevas masculinidades y sobre patriarcado, pretende prohibir la categoría género en todas sus expresiones y erradicarla de la institucionalidad estatal y de las políticas públicas. En Paraguay existe hoy la amenaza de leyes que criminalizarían hablar de igualdad de género. Es fundamental reconocer que el acceso y la garantía de los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes, en toda nuestra diversidad, son parte de la lucha por la igualdad de género. Es necesario que defendamos la igualdad de género.

Debido a estas múltiples violaciones y peligros de más retrocesos en los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, de lo cual es responsable el gobierno paraguayo, las organizaciones firmantes solicitamos a la Organización de Estados Americanos, como entidad que tiene un rol fundamental en la PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, que incluya en sus resoluciones los siguientes puntos clave para las mujeres de la región y para las mujeres paraguayas en particular:

1. Comprometer a los Estados a contribuir decididamente a la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, y a la lucha contra la discriminación y la violencia de género.  Este compromiso debe darse incorporando como ejes transversales de su accionar el enfoque de género, la interseccionalidad, la interculturalidad, el antirracismo y la inclusión de las personas con discapacidad, para contemplar las diversas desigualdades y opresiones que afectan a las mujeres diversas en todo el continente.

2. Exhortar a los Estados a destinar una mayor inversión pública para el fortalecimiento de instituciones y políticas que aborden la violencia de género, reconociendo la necesidad de trabajar por la eliminación de todas las formas de violencia sexual y de género, especialmente de aquellas que se perpetran contra las adolescentes y las niñas indígenas, afrodescendientes y campesinas en toda su diversidad.

3. Instar a los Estados a implementar políticas educativas que erradiquen los estereotipos de género, desmantelen las construcciones culturales de género que sustentan múltiples violencias y discriminaciones y promuevan masculinidades no violentas en todos los niveles y modalidades educativas, promoviendo asimismo universidades libres de violencias y discriminación basada en género mediante la aprobación de protocolos de prevención contra las violencias en el ámbito de la educación superior.

4. Recomendar a los Estados que se abstengan de criminalizar los conceptos y enfoques de género, interseccionalidad, interculturalidad, autonomía física, participación protagónica, diversidad, orientación sexual e identidad de género, y derogar instrumentos que impiden el uso de estos conceptos, términos y enfoques, como la Resolución 29.644 del Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay (“Resolución Riera”).

5. Instar a los Estados a apoyar medidas para lograr la paridad de género en todos los países, la representación equilibrada en los organismos de Derechos Humanos y establecer una agenda de igualdad en la participación política y de erradicación de la violencia política de género, garantizando la participación plena y significativa de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, en igualdad de condiciones y promoviendo las oportunidades de liderazgo para las mujeres, niñas y adolescentes en toda su diversidad.

6. Condenar, de conformidad con el derecho internacional, los abusos y las violaciones de los derechos humanos, la discriminación, los discursos y las manifestaciones de odio, la incitación y los actos de violencia motivados por prejuicios en contra de las personas por sus características sexuales, orientación sexual, identidad o expresión de género, así como la discriminación y las prácticas médicas degradantes. Exhortar, asimismo, a los Estados Miembros a que continúen fortaleciendo su legislación, instituciones y políticas públicas para eliminar las barreras que enfrentan las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex (LGBTIQ+) en el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales y asegurar los derechos de las madres lesbianas y el cese de la discriminación de sus familias e hijes en las instituciones educativas.

7. Exhortar a los Estados a que establezcan medidas para acabar con las discriminaciones en el ámbito laboral, con intervención efectiva y eficiente estatal ante los casos de persecución laboral y sindical en los espacios laborales y en los casos de violencia institucional, garantizando los plenos derechos de las trabajadoras domésticas, el acceso al trabajo de las mujeres con discapacidad, las oportunidades de trabajo digno para mujeres trans, la erradicación de solicitudes de estados serológicos y de test de embarazo para acceder a un puesto de trabajo, el reconocimiento del derecho a la sindicalización de las trabajadoras sexuales y la lucha contra la violencia, el acoso y la discriminación en los lugares de trabajo con la ratificación del Convenio 190 de la OIT.

8. Comprometer a los Estados a garantizar el derecho al territorio de los Pueblos Indígenas, las comunidades campesinas y los sectores urbanos populares, respetando las cosmovisiones indígenas, las múltiples identidades culturales y las diversas lenguas que existen en el continente. Cesar la invasión de territorios ancestrales, derogar leyes represivas y criminalizadoras -como la Ley Zavala-Riera de Paraguay- y acabar con el desplazamiento forzado de comunidades urbanas o rurales de sus asentamientos históricos. Frenar los proyectos extractivistas que destruyen esos territorios, los desalojos violentos y los obstáculos para la obtención de alimentos de producción agroecológica, instando a los países a que apoyen los modos de producción campesinos e indígenas, garanticen la soberanía alimentaria y reconozcan el rol de las mujeres campesinas, indígenas y populares para la preservación de los territorios y las culturas.

9. Reconocer la necesidad de trabajar por la eliminación de la violencia de género facilitada por la tecnología, con énfasis en la recolección de datos estadísticos para una comprensión mayor de esta problemática, del tipo de tecnología utilizada, las personas afectadas por esta violencia y los daños materiales, económicos, sociales y de salud que derivan de esta violación a los derechos humanos de las mujeres, y particularmente de mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas.

10. Exigir a los Estados el cese de la persecución a la protesta social y a las defensoras de derechos humanos. La integridad, libertad y respeto a la voz de las personas defensoras de derechos es la garantía para una plena participación social en el quehacer político, social y económico de los países.

11. Exigir a los Estados que garanticen el derecho a la salud y los derechos sexuales y derechos reproductivos para las mujeres en toda su diversidad, en el marco de la garantía de acceso universal y gratuito a la salud para toda la población, incluida la población LGTBIQ+. Contemplar la disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios, la provisión de antirretrovirales para las personas que viven con VIH, así como la disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva, sin discriminaciones, con métodos anticonceptivos seguros y modernos, la prevención del embarazo de niñas y adolescentes, la educación integral de la sexualidad desde una perspectiva de género en todas las instituciones educativas, y atención de calidad para todas las personas, incluyendo aquellas que se encuentran en zonas rurales y comunidades indígenas, así como consultorios amigables para adolescentes, protegiendo a la niñez y permitiendo a las niñas ser niñas, no madres.

12. Condenar, de conformidad con el derecho internacional, toda forma de acoso y persecución contra las mujeres periodistas y comunicadoras, garantizando la libertad de expresión y de prensa y exhortar a los Estados a promover un periodismo y una comunicación con perspectiva de género, sancionando leyes de protección a las personas defensoras de derechos humanos.

13. Exhortar a los Estados a que protejan a las mujeres y niñas de los territorios afectados por organizaciones delincuenciales, como las vinculadas al narco, y evitar la militarización de territorios con uso de poder desmedido por parte de fuerzas armadas y policiales. La presencia excesiva y el control militar en territorios, en lugar del énfasis en políticas públicas que se ocupen de las causas de los conflictos, actúa en contra de la participación ciudadana local, afectando desproporcionadamente a las mujeres. Recomendar a los Estados que fortalezcan el combate a la trata de personas y que busquen, sin excepciones ni discriminaciones, a las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas, bajo cualquier contexto. Es urgente la protección de la democracia, del derecho a la manifestación y del derecho a la participación política libre de violencias y persecuciones indebidas.

14. Promover la corresponsabilidad y la redistribución igualitaria de los cuidados, los derechos plenos de trabajadoras del hogar y de los cuidados; reconocer, reducir, redistribuir y valorar el trabajo no remunerado en los hogares, asignado históricamente a las mujeres. Instar a los Estados a que aprueben leyes y políticas integrales de cuidados.

15. Exhortar a los Estados a que preserven y fortalezcan las instituciones orientadas a promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género, dotándolas de presupuestos suficientes y capacidades técnicas para el desarrollo de políticas públicas específicas y transversales.

Finalmente, nos solidarizamos con el pueblo de Gaza ante los ataques que buscan su exterminio. Instamos a los Estados americanos a que preserven la paz, se opongan firmemente a las guerras y condenen las violaciones de derechos humanos en todos los contextos de conflicto. Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de las guerras, en especial con las mujeres que sufren violencia de género en estos contextos y que enfrentan la destrucción de sus comunidades y modos de vida.

Asunción, 25 de junio de 2024

Posición de mujeres paraguayas ante la OEA

Organizaciones firmantes:

1. Acción Sindical Clasista
2. Acción Cultural
3. Aireana, Grupo por los Derechos de las Lesbianas
4. Articulación Feminista Paraguay
5. Articulación Mujeres Indígenas de Paraguay (Mipy)
6. Asociación Callescuela
7. Asociación de Mujeres Campesinas y Populares de Caaguazú (Amucap-C)
8. Asociación de Mujeres Unidas Bañado Sur
9. Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación, Comunicación (Tedic)
10. Asociación Feminista Kuña Poty
11. Asociación Paraguaya de Investigadoras Feministas
12. Asociación para la Educación en Derechos Humanos (ASOEDHU)
13. Asociación de Comités de Productores Agropecuarios de Naranjito (ACPAN)
14. Asociación de Productores Campesinos e Indígenas del Guaira (APCIG)
15. Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid)
16. Base Educativa y Comunitaria de Apoyo (Beca)
17. Base Investigaciones Sociales (Base IS)
18. Brazos Unidos
19. Católicas por el Derecho a Decidir (CDD – Paraguay)
20. Casa Diversa
21. CasaFem
22. Centro de Atención Familiar (Cafa), Bañado Sur
23. Centro de Documentación y Estudios (CDE)
24. Colectivo Sorora Música
25. Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem – Paraguay)
26. Consultorio Jurídico Feminista
27. Coordinación de Mujeres Campesina (CMC) del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP)
28. Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP)
29. Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy)
30. Coordinadora de los Bañados de Asunción (Cobañados)
31. Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos (CTCU)
32. Cultiva Paraguay
33. Campaña por la Expresión Ciudadana
34. Discas Fem Py – Colectiva de NNA y mujeres con discapacidad
35. Emancipa Paraguay
36. Familias por la Educación Integral en el Paraguay (Feipar)
37. Federación de Mujeres del Paraguay (FMP)
38. Frente Mujer Paraguay Pyahura
39. Fundación Vencer
40. Grupo Impulsor de la Paridad Democrática (GIPD)
41. Kuña Afro
42. Kuña Guaraní Aty
43. Kuña Pyrenda
44. Kuña Róga
45. Kuña Sorora
46. kuña mbarete
47. Movimiento por el Derecho a la Salud “María Rivarola”
48. Mujeres Unidas
49. Ñemoiru Rape
50. Observatorio de Derechos de las Mujeres (ODM), Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Pilar
51. Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri)
52. Organización del Pueblo Guaraní (OPG)
53. Organizadas por un mismo Ideal (OPUMI)
54. Plataforma de Universitarias Feministas
55. Plataforma Feminista Liberal
56. Presencia Joven
57. Psicofem
58. Red de Mujeres de Pilar
59. Red de Mujeres del Sur
60. Red de Mujeres del Sur de Tomás Romero Pereira
61. Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay
62. Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (Redtrasex)
63. Semillas para la Democracia
64. Servicio Paz y Justicia Paraguay (Serpaj – Py)
65. Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico del Paraguay (Sintradespy)
66. Sindicato de Trabajadoras Domésticas del Paraguay – Legítimo (Sintradop-L)
67. Sindicato de Trabajadoras Domésticas y Afines de Itapúa (Sintradi)
68. Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Facultad de Ciencias Sociales (Sitrafacso – UNA)
69. Somos Pytyvohára
70. Unidas en la Esperanza (UNES)
71. Unión Juvenil Indígena del Paraguay (UJIP)
72. Universitarias Feministas de Itapúa (UFI)

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

DÍA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA SALUD DE LAS MUJERES

EL ESTADO ES RESPONSABLE DE LA PRECARIZACIÓN DE ESTE SISTEMA SANITARIO, INCAPAZ DE GARANTIZAR LA SALUD INTEGRAL DE LAS MUJERES

En nombre de las mujeres paraguayas, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar nuestra preocupación por la alarmante situación de salud que enfrentamos.

Las mujeres seguimos muriendo por falta de atención oportuna y violencia obstétrica en los hospitales, y las que vivimos en las zonas rurales, somos las más golpeadas por esta desprotección. Las mujeres indígenas se enfrentan además al irrespeto cultural en el sistema de salud, y al maltrato sistemático.

Las mujeres seguimos muriendo injustamente a causa de cáncer de cuello uterino y de mama, enfermedades prevenibles y tratables con alta probabilidad de éxito si se detectan a tiempo. Sin embargo, la ausencia de políticas efectivas de prevención, las múltiples barreras de acceso a servicios de salud de calidad, la falta de medicamentos y tratamientos oncológicos, agravan estas enfermedades, resultando en el peor desenlace: la muerte.

La salud mental es otra área descuidada, a pesar de la sobrecarga que sufren muchas mujeres debido a la precarización laboral y la falta de políticas de cuidado. Las mujeres paraguayas se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, que en muchos casos termina con graves padecimientos de salud mental y en suicidio.

El desfinanciamiento público de la salud es uno de los principales factores que contribuyen a esta crisis. Con una inversión pública en salud que apenas alcanza el 3% del PIB, Paraguay está muy por debajo del mínimo necesario del 6% recomendado por la OMS para garantizar una atención adecuada y oportuna a su población. Esta falta de financiación tiene consecuencias devastadoras, especialmente para las mujeres.

La estrategia de atención primaria, una herramienta esencial para la prevención y el tratamiento temprano de enfermedades, ha sido abandonada. Muchas mujeres no pueden acceder en sus territorios a políticas de prevención de enfermedades, lo que resulta en diagnósticos tardíos y, en demasiados casos, en la muerte. La ausencia de una red sólida de atención primaria impide el acceso equitativo y universal a servicios de salud básicos y necesarios. El gobierno usa el discurso del fortalecimiento de la red de Unidades de salud de la familia, mientras que la realidad en los territorios, es que no hay profesionales, no hay insumos, no hay medicamentos.

Hacemos un llamado urgente al Estado paraguayo para que asuma su responsabilidad y tome medidas concretas e inmediatas. Es imperativo aumentar la inversión pública en salud, fortalecer la atención primaria, implementar políticas de prevención efectivas y garantizar el acceso universal a servicios de salud mental. Solo así podremos asegurar que las mujeres en Paraguay reciban la atención integral que merecen y se respete su derecho fundamental a la salud.

El bienestar de las mujeres es un indicador crucial del desarrollo y la justicia social en nuestro país. No podemos seguir permitiendo que las mujeres mueran por falta de atención médica y por políticas públicas inadecuadas. Exigimos un compromiso real y acciones concretas por parte del Estado para revertir esta situación inaceptable.

Por el derecho innegociable de las mujeres a una vida digna y acceso a una salud pública de calidad

 28 de Noviembre del 2024

Para más informes:

Esther Leiva:  0981726602

Victoria Peralta: 0983364842

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 28 DE MAYO 2024

La organización Mujeres Indígenas del Paraguay (MIPY) y el Grupo Impulsor de la Paridad Democrática (GIPD) solicitaron formalmente a la Corte Suprema de Justicia que Lorena Segovia sea designada nuevamente al frente del Ministerio de la Defensa Pública, porque es la que mejor puntaje obtuvo y porque consideran que viene realizando un buen trabajo en la institución.

Mipy, organización que trabaja por la promoción y defensa de los derechos de las mujeres indígenas, señaló que es indispensable contar con  personas idóneas en la función pública, y más aún con personas con empatía y sensibilidad hacia nuestros pueblos indígenas.

“Sabemos que la mejor puntuada es una mujer,  la doctora Lorena Segovia Azucas, actual titular del Ministerio, quien ha realizado un buen trabajo “, explican en la remitida a la CSJ.

Por su parte, el Grupo Impulsor de la Paridad Democrática, que trabaja para lograr un equilibrio en la presencia de mujeres en los espacios de decisión política y social del Paraguay, solicitó que sean respetados los resultados del concurso público de oposición, puesto que en todas las evaluaciones, Lorena Segovia fue la mejor puntuada.

Destacan además que es muy importante que en una instancia clave del Sistema  de Justicia sea designada una mujer con todas las capacidades para desempeñarse en el cargo.

Consideran además que su designación es importante porque su trabajo ha sido empático y eficiente con los sectores más vulnerabilizados, clave para ejercer el rol para el cual está concursando.

Resaltan también que la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público tienen a un hombre como titular por lo cual la designación de la doctora Segovia contribuirá a equilibrar la importante desigualdad de género en los cargos de decisión del Sistema de Justicia.  

Leer la nota presentada por el Grupo Impulsor de la Paridad Democrática

NOTA GIPD Corte Suprema de Justicia

El Centro de Documentación y Estudios y la Asociación Kuña Roga iniciaron una serie de encuentros para dialogar sobre género e igualdad fuero con el objetivo de dar a conocer qué es el enfoque de género, un concepto sobre el cual se difunde mucha información falsa o manipulada desde sectores ultraconservadores y antiderechos.

El objetivo de esta iniciativa es expandir la comprensión del enfoque de género, contrarrestar falsas informaciones difundidas por sectores ultraconservadores y antiderechos y frenar iniciativas que intentan coartar la libertad de enseñanza y el aprendizaje de conceptos claves para el desarrollo de un estado social de derecho.

En alianza con diversos sectores, los encuentros son espacios en los que se conversa sobre género, su aplicación en distintos ámbitos y la importancia de este enfoque para las políticas públicas y la defensa de los derechos de las mujeres y la diversidad sexual.

Los primeros diálogos se desarrollaron entre el 13 y 26 de abril pasado entre Asunción e Itapúa. Los primeros encuentros permitieron la articulación con mujeres de la Coordinación de Mujeres Campesinas del Movimiento Campesino Paraguayo, con el Grupo Impulsor de la Paridad Democrática (GIPD) y FEIPAR, con Jóvenes de Itapúa y Ñeembucú y con la Red de Mujeres del Sur.

En los diálogos realizados se evidenciaron las preocupaciones por las falsedades que se expanden sobre el tema desde sectores de poder buscando hacer desaparecer este instrumento analítico que permite comprender las discriminaciones y exclusiones que viven las mujeres y las personas LGBTI.

Las participantes manifestaron además su interés y compromiso en expandir los diálogos y las acciones para expresar la oposición a cualquier normativa que intente prohibir el uso de la perspectiva de género.

El CDE y Kuña Roga son organizaciones que trabajan con perspectiva feminista, de género, interseccional, intercultural y de derechos humanos desde hace varias décadas en Paraguay. Agrupan a investigadores e investigadoras, personas que trabajan en el ámbito educativo y activistas de derechos humanos.

Hoy están aliadas para trabajar por la igualdad de género, con información, datos, conceptos científicos y activismo. En los próximos meses están previstos diálogos similares con diversos sectores de la sociedad que deseen entablar diálogos constructivos sobre el tema.

El Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico del Paraguay(SINTRADESPY); el Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Itapúa(SINTRADI); el Sindicato de Trabajadoras Domésticas del Paraguay- Legítimo (SINTRADOP-L) y el Sindicato de Trabajadoras domésticas Indígenas del Chaco(SINTRAINDI) se reunieron hoy lunes 13 de mayo con el viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Víctor Verdún.

“Con la Cancillería tuvimos una reunión en donde hablamos de la necesidad de que Paraguay ratifique el Convenio 190 de la OIT sobre la violencia y acoso y por otro lado, sobre la posibilidad de que las organizaciones de trabajadoras domésticas sean incluídas en la delegación para la 112 Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) que tendrá lugar en Ginebra, Suiza del 3 al 14 de junio del 2024. En esta conferencia también se hablará sobre Políticas de Cuidados”, dijo Librada Maciel, del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Itapúa.

“En cancillería, el Ministro Verdún nos pidió remitir una nota y se comprometió a hacer de intermediario con el Ministerio de Trabajo para que realmente tengamos un espacio de diálogo y nos incluyan en la Conferencia prevista en Ginebra. Porque hasta el momento, no fuimos consultadas sobre nuestra situación como cuidadoras desde este ministerio y entendemos que la posición de Paraguay debe ser tripartita”, explicó Marciana Santander, del Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico.

En Ministerio de la Mujer
“Realmente estamos contentas de que nos hayan recibido en Cancillería y también en el Ministerio de la Mujer donde hablamos con Sonia Brucke, vice ministra de Igualdad y No discriminación. Le pedimos a la viceministra participación en los debates sobre la Política Nacional de Cuidados y que nos ayude para que podamos estar en las discusiones con el Ministerio de Trabajo y con el IPS”, explicó Santander.

“Para nosotras es nuevo esto de participar en los espacios de trabajo con autoridades y estamos aprendiendo con las compañeras” dijo Venancia Cáceres del Sindicato de Trabajadoras domésticas Indígenas del Chaco (SINTRAINDI). Venancia es integrante del Pueblo Guaraní, de la comunidad de Yvopeyrenda, en Filadelfia, Chaco.

¿Qué piden las trabajadoras domésticas?

Las trabajadoras domésticas vienen trabajando en una agenda conjunta en donde piden, según sus documentos:

-Que el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Trabajo y el IPS instalen una mesa de trabajo con nuestras organizaciones para conversar sobre los temas que nos afectan.
-Que el Ministerio de Relaciones Exteriores incluya la voz de las trabajadoras domésticas en la 112 Conferencia Internacional del trabajo(CIT) que se realizará en Ginebra del 3 al 14 de junio del 2024.
-Que el Ministerio del Trabajo reglamente nuestra ley 5407/2015 con su modificación LEY 6338/2019, con nuestra participación, haga conocer las obligaciones de los empleadores de trabajadoras domésticas y se ocupe efectivamente de nuestra situación.
-Que el IPS organice su sistema de registro sobre el empleo doméstico para que se cumpla lo que establece nuestra ley sobre el aporte a prorrata de los empleadores y cuente sobre cómo nos afectarán las modificaciones que plantean actualmente.
-Que las Comisiones de la Cámara de Diputados realicen una reunión o audiencia pública con nosotras antes de aprobar la ley sobre la política de Cuidados.
-Que Paraguay ratifique el Convenio 190 de OIT sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el mundo del trabajo.
-Que el Ministerio de la Mujer realice una campaña sobre los derechos de las trabajadoras domésticas y sobre su papel como cuidadoras.

Apoyos

Las organizaciones de trabajadores domésticas realizan acciones de incidencia con el apoyo de Solidarity Center y del Centro de Documentación y Estudios (CDE) con el respaldo de Fondos Canadá para Iniciativas Locales (FCIL) de la Embajada de Canadá para Paraguay, Diakonia y la Unión Europea en Paraguay.

El Centro de Documentación y Estudios(CDE) realizó este fin de semana un curso dirigido a trabajadoras domésticas pertenecientes a cuatro organizaciones del sector provenientes de diversos puntos del país y de diferentes comunidades indígenas, con el objetivo de escuchar y visualizar a las trabajadoras domésticas remuneradas como actoras indispensables a la hora de pensar políticas de cuidados.

El encuentro se realizó con los siguientes objetivos:

-Proveer de herramientas teóricas, discursivas y prácticas a las trabajadoras domésticas organizadas para su participación informada y con argumentos sólidos en el debate sobre políticas de cuidados en Paraguay.

-Reflexionar sobre la igualdad de género y el impacto de la división sexual del trabajo en los derechos relativos al cuidado de las trabajadoras domésticas.

-Intercambiar ideas sobre cómo incorporar las necesidades de cuidados de las trabajadoras domésticas en las políticas de cuidados del Paraguay.

¿Quién cuida a quién? ¿Por qué cuando alguien de la familia está enferma es casi siempre una mujer la que debe dejar todo para prestar cuidado? ¿Cuál es la situación de los cuidados en Paraguay? ¿Qué pasa cuando una persona no es bien cuidada? Estas y otras preguntas tuvieron reflexión en el taller de formación.

El encuentro tuvo la participación del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Itapúa (SINTRADI), el Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico del Paraguay (SINTRADESPY) , el Sindicato de Trabajadoras Domésticas del Paraguay- Legítimo(SINTRADOP-L ) y el Sindicato de Trabajadoras Domésticas Indígenas. Este último sindicato se formó durante la pandemia.

La economista Verónica Serafini y las investigadoras Clyde Soto y Lilian Soto fueron las facilitadoras del espacio. El encuentro de formación se desarrolló durante el sábado 16 y domingo 17 de marzo y fue organizado por el Centro de Documentación y Estudios(CDE) con el apoyo de #FondoCanada para Iniciativas Locales (FCIL) @diakonia_americalatina y la @ueenparaguay

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