Paraguay será examinado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) en su 68º Sesión, que se lleva a cabo desde este lunes 23 de octubre al 11 de noviembre de 2017 en el Palais des Nations, sede de Naciones Unidas, en ciudad de Ginebra, Suiza.

El Grupo Impulsor del Informe Sombra de Paraguay tuvo la oportunidad de realizar su presentación este lunes 23 de octubre en donde las abogadas Mirta Moragas y Sonia Von Lepel refirieron a cuatro puntos:

Mirta Moragas

1. Ataques a la igualdad de género y fundamentalismos

“El 5 de octubre de 2017, por Resolución No 29.664, el Ministro de Educación y Ciencias del Paraguay, Enrique Riera: “prohíbe la difusión y utilización de materiales impresos como digitales referentes a la teoría y/o ideología de género en instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias”. Esto sucedió luego de un tiempo en que se intensificaron expresiones anti-derechos de las mujeres, a partir de creencias religiosas conservadoras y fundamentalistas que descalifican el concepto de género y señalan a la igualdad de género como un peligro que debe ser erradicado, y no como un aporte y un bien para la humanidad. Con la frase “ideología de género” se producen ataques a las luchas históricas de las mujeres por la igualdad, en base a una serie de falsedades. La prohibición de género en la educación sucede a pesar de que el Estado paraguayo está obligado a remover obstáculos para que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva, conforme al artículo 48 de la Constitución, y de que el país se ha comprometido a cumplir la Agenda 2030 cuyo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) Nº 5 consiste en lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. La medida es un obstáculo para la igualdad de las mujeres y, por lo tanto, es inconstitucional e impedirá lograr el ODS Nº 5”, dijo Moragas en la exposición oral.

“Sectores fundamentalistas buscan eliminar la categoría y la perspectiva de género del discurso, las leyes y las políticas públicas, lo que lamentablemente han logrado en algunos casos. Así, en la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, promulgada en 2016, se eliminó la palabra género y toda referencia a la igualdad de género. El Estado no solo incumplió con la recomendación del Comité de 2011, pues no restableció la política de educación integral de la sexualidad, sino que además profundizó la situación eliminando recientemente el conocimiento sobre la teoría de género. Concurrentemente, se han sucedido ataques a defensoras de derechos de las mujeres y activistas feministas, quienes reciben amenazas explícitas a través de diarios y redes sociales, y se registran ataques violentos y crímenes de odio a mujeres trans: tres episodios en menos de una semana y un asesinato causado por un atacante que manifestó expresamente su voluntad de eliminarlas. Esto se suma a otros 59 asesinatos impunes de mujeres trans. El Estado, al hacerse eco de las posturas y el discurso antiderechos, promueve estos ataques, ante los cuales las autoridades no han desarrollado ninguna medida de protección específica”, expresó.

2. Discriminación a las trabajadoras domésticas remuneradas

La abogada Mirta Moragas también refirió que “en Paraguay persiste la discriminación legal y explícita a las trabajadoras domésticas remuneradas, para quienes se establece un 60% del salario mínimo legal que perciben las demás personas trabajadoras. Esto, a pesar de los avances con la nueva ley del trabajo doméstico de 2015, donde se equipararon los demás derechos laborales de este sector, que representa el 16% del total de la población de mujeres económicamente activas del país”.

Sonia Von Lepel

La abogada Sonia Von Lepel refirió a los puntos siguientes:

3. Debilidades en la institucionalidad democrática y en el acceso a la justicia

Las debilidades del Estado de Derecho en el Paraguay dificultan y hasta impiden la realización de derechos establecidos por el propio Estado. Por ejemplo, numerosas investigaciones de violencia contra las mujeres son reportadas a la policía, pero esta no las remite a la fiscalía. Además, se registran muchos casos de detenciones arbitrarias a mujeres campesinas, estudiantes, lesbianas, bisexuales, trans y trabajadoras sexuales.

Adicionalmente, el acceso a la justicia se ve dificultado también por otras instancias estatales como la fiscalía y la propia judicatura. Frecuentemente los casos de acoso, violación y otras formas de violencia, como los feminicidios quedan impunes, debido a las dificultades para la denuncia y a una inadecuada persecución penal por parte de la fiscalía. Un caso particularmente preocupante es el de la masacre de Curuguaty de 2012, en el cual no solo nunca se investigó el asesinato de 11 campesinos, sino que sin pruebas se condenó a seis años de prisión a tres mujeres por estar en el lugar con sus hijos en brazos, supuestamente para crear un clima de confianza. Así, el cuidado de niños y niñas por parte de las mujeres, se convirtió en motivo de condena.

A esto se suma el incumplimiento de leyes, como en el caso de la ley integral contra la trata de personas. Por ausencia de presupuesto, hasta hoy no se creó la institución que debería coordinar la política relativa la trata, contemplada en dicha ley. A excepción del procedimiento penal, no existen otros mecanismos de apoyo y protección a las víctimas. Frecuentemente se reciben noticias de mujeres paraguayas víctimas de trata sexual en los países limítrofes o en España, o la persistencia de la trata interna de niñas para el criadazgo, una de las peores formas de trabajo infantil.

En el campo del derecho de familia, el Comité CEDAW recomendó que haya subvención de la prueba de ADN para mejorar la tramitación de reclamos de paternidad. Las mujeres pobres están exoneradas por ley del pago de dicha prueba, pero los requisitos para demostrar que no tienen recursos económicos son tan complejos que las mujeres desisten de dar este paso y además se conoce poco la posibilidad de exoneración porque la Corte Suprema de Justicia no hizo adecuada difusión de este derecho.

4. Mortalidad materna, embarazo forzado en niñas y aborto inseguro

En Paraguay, cada día hay un parto de dos niñas entre 10 y 14 años, fruto de embarazos forzados por abusos sexuales, por ausencia de políticas adecuadas de educación integral de la sexualidad, y por una débil política de prevención y protección de niñas y adolescentes contra el abuso sexual.

La mortalidad materna, pese a una tendencia descendente, ha aumentado nuevamente en los últimos tres años y el aborto es la causa de un 25% de estas muertes. Adicionalmente, la penalización casi absoluta del aborto afecta desproporcionadamente a niñas y a mujeres en situación de desventaja, como mujeres pobres, indígenas y de zonas rurales, exponiéndolas a la muerte y a graves afectaciones para su vida y su salud. Paraguay ha incumplido recomendaciones del Comité por la falta de un amplio diálogo social sobre aborto y por no haber establecido excepciones adicionales a la penalización, como en los casos de violación, incesto, malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina, peligro para la salud, y en casos de embarazo en niñas.

Los miembros del Comité realizaron diversas consultas a las organizaciones civiles, que fueron contestadas por Line Bareiro y Clyde Soto, del Centro de Documentación y Estudios (CDE) y por Ariana Melody Brizuela de Cladem Paraguay.

El Grupo Impulsor del Informe Sombra a CEDAW está constituido por la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP), el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres –  Paraguay (Cladem Py), la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), el Centro de Documentación y Estudios (CDE) y el Equipo Feminista de Comunicación (EFC). El Centro de Documentación y Estudios y el Equipo Feminista de Comunicación son integrantes de la Articulación Feminista Marcosur(AFM), que reúne a organizaciones de América Latina.