Raquel quedó en estado vegetativo tras un parto en Ciudad del Este, Alto Paraná. La condena a las personas responsables de mala praxis médica abre nuevamente el debate sobre la naturalizada violencia obstétrica que si bien tiene una tipificación en la Ley Nº 5777 de Protección Integral a las mujeres, no tiene mecanismos de sanción.
Si bien se trata conceptos diferentes: “Mala praxis médica” y “Violencia Obstétrica”, este hecho pone en la mesa que la salud de las mujeres está en peligro constante en Paraguay. Las denuncias de violencia obstétrica llegan a las redes sociales, pero no llegan a la justicia. Las denuncias de mala praxis, casi nunca llegan a una condena y si llegan a una condena, las penas son mínimas. Es por eso que es caso de Raquel Miranda es un caso emblemático: ¡Logró una condena!
Raquel Miranda es una ingeniera agrónoma de la comunidad “El Triunfo” de Minga Guazú, en Alto Paraná, frontera de Paraguay con el Brasil. Raquel quedó en estado vegetativo tras ser sometida a una cirugía para el nacimiento de su hijo el 3 de enero del 2020 en el Sanatorio Central de Ciudad del Este. Dos personales de salud quedaron fueron condenadas por el hecho. Toda su comunidad acompañó el juicio.
El abogado de la familia, Albino Ramírez dijo al diario La Nación de Paraguay: “Finalmente se comprobó que las médicas actuaron de una manera negligente en el procedimiento que ocasionó daños irreversibles a Raquel y daños físicos a su hijo recién nacido. Por el tipo penal perseguido, solo dos años como máximo puede ser la condena. Fue una lucha muy pesada, porque los médicos se encubrieron todo, llegamos al punto de que ninguno de los médicos forenses de Alto Paraná, quisieron asumir la responsabilidad de conformar la junta médica”.
LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA
La Ley Nº 5777 / De Protección Integral a las mujeres contra toda forma de discriminación describe a la violencia obstétrica como “la conducta ejercida por el personal de salud o las parteras empíricas sobre el cuerpo de las mujeres y de los procesos fisiológicos o patológicos presentes durante su embarazo, y las etapas relacionadas con la gestación y el parto. Es al mismo tiempo un trato deshumanizado que viola los derechos humanos de las mujeres”, pero la ley no contempla un mecanismo de sanción para este tipo de violencia.
La articulación Mujeres Libres de Violencia denunció en su comunicado del 8 de Marzo: “Más que nunca, en este tiempo de pandemia, las mujeres vivimos la violencia obstétrica. Las parturientas deambularon de servicio en servicio en busca de atención…y también sentimos especialmente la falta de insumos para la salud sexual y reproductiva. Pedimos al Estado y al Ministerio de Salud un mecanismo de denuncia rápida sobre los casos de violencia obstétrica.¡Basta de jugar con la vida de todos y con las de las mujeres! ¡Vivas y con derechos, nos queremos!”.