Representantes de organizaciones de la sociedad civil solicitan a la Fiscalía General del Estado que investigue las actuaciones de la abogada Monalisa Muñoz de Lovera y el abogado Juan Carlos Ruiz Díaz, fiscales involucrados en procesos relacionados con la madre de la niña embarazada de 10 años, dadas las violaciones al debido proceso. También piden una reunión urgente al conocer casos de otras madres criminalizadas por los abusos sufridos por sus hijas.

En una carta remitida a Javier Díaz de Verón, Fiscal General del Estado, las representantes del Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), de Amnistía Internacional Paraguay, del Centro de Documentación y Estudios (CDE), de Callescuela, del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Paraguay) y del Movimiento Kuña Pyrenda, señalan que han constatado “numerosas violaciones al debido proceso, incluso percibimos un ensañamiento contra la madre de la niña, violando su derecho a una vida libre de violencia, contemplado en la Constitución Nacional; así como en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado tales como la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Convención de Belén Do Pará, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”. “El Estado, a través del Ministerio Público y otras instancias, tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento del debido proceso, y garantizar que las personas sometidas a un proceso penal del cual pueda derivar una sanción, sean respetadas en todos sus derechos y garantías”, explican, citando numerosas irregularidades. Las organizaciones cuestionan que la fiscal Muñoz haya requerido al Juzgado Penal de Garantías Nº 11 la prisión preventiva de la madre de la niña, con el argumento de que la misma podría obstruir la investigación, y la actuación del fiscal Ruiz Díaz, quien convocó en carácter de indagada a la señora, cuando fue la misma quien concurrió a realizar la denuncia, en una actuación que hoy está siendo investigada por el propio Ministerio Público pues, en su momento, fue desestimada.

En la carta remitida, las organizaciones solicitan que se realice “un monitoreo y una investigación seria y responsable de todas las actuaciones llevadas a cabo por los Agentes Fiscales mencionados”; que dadas las violaciones al debido proceso, “luego instruir un sumario administrativo, se designe a un/a fiscal/a que investigue la causa con una fiscal coadyuvante, dado el interés superior de la niña y el respeto a los derechos de las mujeres”; que “el Fiscal General del Estado disponga la aplicación y observancia del Instructivo N° 9 11/11/2011 ’Procedimientos a seguir en la investigación en los hechos punibles en violencia familiar y violencia de género’ e instruya para la elaboración de un protocolo de investigación y actuación a los agentes fiscales conforme a los estándares de derechos humanos y género en casos de víctimas de violencia”; y que “el Ministerio Público elabore y adopte en carácter de urgencia, un protocolo de investigación de casos de abuso sexual en niños, niños y adolescentes, que contemple los estándares de derechos humanos y dé estricto cumplimiento a las 100 Reglas de Brasilia”.

Finalmente, las organizaciones firmantes solicitan una reunión urgente con el Fiscal General del Estado, teniendo en cuenta que a través de los medios de comunicación se ha tomado conocimiento de otras madres criminalizadas debido a los abusos sufridos por sus hijas.

Organizaciones firmantes: Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Amnistía Internacional Paraguay, Centro de Documentación y Estudios (CDE), Calle Escuela, Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ-Paraguay) y Movimiento Kuña Pyrenda.