El derecho a la tierra, una de las demandas históricas del campesinado y sobre el que los gobiernos han hecho permanentes promesas, continúa siendo uno de los desafíos centrales en el actual proceso de desarrollo agrario. Las familias campesinas y los pueblos originarios, verdaderos sujetos de la Reforma Agraria y del desarrollo rural, son víctimas de un modelo de desarrollo que produce despojo y carencias.

Durante el 2013, el conflicto por la tierra continúa, pero tuvo una importante reducción comparado con los años 2011 y 2012, con 50 y 42 conflictos respectivamente1. Lo ocurrido en Curuguaty tuvo su impacto, la lucha por la tierra tuvo un retroceso debido a la fuerte campaña mediática emprendida por los medios de comunicación comerciales y por los grupos de poder económicos, acusando a los campesinos como los culpables de ocasionar este tipo de acciones.

“La tragedia fue utilizada por el ministerio público y por la policía para etiquetar a los campesinos de peligrosos y de la necesidad de extremar los recursos de la fuerza represiva para otras eventuales acciones. El otro factor que contribuyó a la reducción del conflicto por la tierra fue la realización de las elecciones nacionales de la cual muchas organizaciones campesinas fueron protagonistas. El cuadro de conflictos de tierra 2013 muestra la cantidad de casos y los departamentos más afectados. Como puede apreciarse, San Pedro continúa siendo el departamento más
conflictivo por la cantidad de ocupaciones y desalojos violentos”.

De los 26 conflictos del año, 10 se registraron en San Pedro y 5 en Canindeyú. Los casos que generaron mayor tensión entre otros fueron los de la Colonia Barbero, el de Laterza Cue y el de Tapiracuai Loma de Capiibary. En el primero, los ocupantes de estas tierras de 17.000 hectáreas reclamaron la devolución de aproximadamente 6000 hectáreas que según los pobladores fueron apropiadas por ganaderos. El reclamo fue acompañado de ocupaciones y posterior retiro ante la promesa de la realización de la mensura judicial. La mensura fue realizada constatándose una disminución de 4 mil hectáreas aproximadamente de las 17 mil existentes. En Laterza Cue, un conflicto de varias décadas, entre colonos paraguayos, brasiguayos y otros, sufre actualmente la presión del agronegocio y el futuro de los ocupantes es incierto por la complicidad del Estado con los empresarios del agronegocio. El de Tapiracuai Loma, perteneciente
a Gustavo de Gásperi, el desalojo fue violento con la destrucción de 400 viviendas y de cultivos de autoconsumo.

Organizaciones campesinas frente a sojización

Desde unos años, la expansión del agronegocio abrió otro frente de lucha para las organizaciones campesinas. El avance de la soja con el uso sin control de agrotóxicos además de producir el desplazamiento de familias campesinas, afecta los suelos, las fuentes de agua y la biodiversidad. El uso masivo de agrotóxicos se ha dado en varios departamentos desde décadas atrás, como Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú y Amambay, pero, últimamente otros departamentos están siendo afectados fuertemente por este problema como Caaguazú, Caazapá y San Pedro, mayoritariamente de población campesina.

Un paso más que dio el agronegocio este año se dio con el rechazo de la Ley que pretendía imponer una carga tributaria del 10% a la exportación de los cereales en grano. Con el rechazo del Proyecto de Ley que crea el impuesto a la exportación de la soja, trigo, maíz y girasol en estado natural, los empresarios de este sector aumentaron sus privilegios impositivos pues los otros impuestos que pagan como el Impuesto a la Renta
Agropecuaria (IMAGRO) no contribuye prácticamente a la recaudación impositiva, apenas contribuyen con el 0,3%, mientras que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que paga toda la población aporta el 52,6%. Cabe recordar que este impuesto, al ser el mismo porcentaje para todos/as, los/as que tienen más ingresos pagan menos y en contrapartida los/as que ganan menos pagan más*.

Conclusión

La extrema desigualdad en la distribución de la tierra, el avance del monocultivo de la soja que usurpa territorio campesino e indígena y la escasa asistencia del Estado son los problemas que afectan a la agricultura campesina en la actualidad. Estos factores provocan la migración campo-ciudad qiue continuará sin pausa en la misma medida en que la agricultura campesina vaya perdiendo tierras a favor del agronegocio.

Frente a estas observaciones, el Estado debe cumplir con los mandatos de la Constitución Nacional en relación a los artículos referidos a la Reforma Agraria. Debe elaborar un plan de acceso a la tierra mediante los mecanismos que tiene a su favor, compra, expropiación y recuperación de aquellas tierras fiscales y malhabidas usurpadas por particulares en beneficio propio. Debe cumplir los mandatos del Estatuto Agrario y de las otras leyes agrarias que hace referencia al acaparamiento de tierras y los recursos naturales. Para ello es fundamental el catastro y el ordenamiento territorial para frenar el avance del agronegocio y resguardar las comunidades campesinas del peligro de contaminación y del desplazamiento.

*Decidamos. Campaña por la Expresión Ciudadana, CDE. Propuesta sobre Sistema Tributario e Inversión Social para una Fiscalidad Distributiva y Contributiva. Proyecto Alianza Ciudadana para la Transparencia y el Desarrollo Paraguay. Asunción, 2013