Causa Abierta, un evento de denuncia, reflexión, análisis y de apelación a los gobiernos de la región para que cumplan con sus compromisos, en especial los manifestados en el consenso de Montevideo, tuvo lugar recientemente en Asunción. La censura al género en la enseñanza pública en Paraguay fue la causa en la que se centró el debate en este espacio que reunió a referentes y organizaciones de la sociedad civil.

“Es muy importante que desde la sociedad civil usemos nuestras voces para exigir el cumplimiento de las obligaciones de los compromisos estatales en materia de derechos humanos; debemos hacer uso de la capacidad de exigir y pedir rendición de cuentas a quienes tienen la obligación de dirigir nuestro país”, expresó en la apertura Clyde Soto, coordinadora del área mujer del Centro de Documentación y Estudios (CDE) e integrante de la Articulación Feminista Marcosur (AFM), organizaciones responsables del encuentro.

La mesa estuvo integrada por Ana Cristina González Vélez, de la Coordinación Regional de la AFM; Susana Chiarotti, experta del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer / Convención de Belém do Pará (MESECVI) e integrante del Consejo Consultivo del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem); Mirta Moragas, de Las Ramonas y de la Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP); y Line Bareiro, experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (Comité CEDAW) de 2011 a 2014, integrante del CDE y de la AFM.

Como su nombre lo indica, Causa abierta es mantener abierta las causas de retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos. La primera se realizó en Lima, en 2018, donde se tocó el caso de las niñas de Guatemala quemadas mientras estaban bajo custodio del Estado; el segundo caso es de República Dominicana, de una joven a la que se le negó una interrupción del embarazo y el tratamiento para la leucemia; y el tercer caso fue de la niña indígena de la Argentina víctima de la violación masiva.

“Es una manera de recordar a los gobiernos de la región que estamos alertas y demandando cuentas a las acciones y las decisiones que están tomando”, apuntó Ana Cristina González Vélez.

Paraguay tiene que cumplir con la recomendación que hacen los comités de monitoreo porque “el Estado paraguayo firmó los tratados sin ser obligado y la pregunta es ¿dónde está el cumplimiento?”, sostuvo Susana Chiarotti.

Recordó además que la segunda recomendación es que Paraguay debe implementar el Consenso de Montevideo, que firmó en el 2013, donde se comprometió a implementar una política de educación sexual integral. La tercera es que se le debe dar participación activa a todas las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de las políticas y la cuarta es que Paraguay es un Estado laico y eso se debe cumplir. “La última es que se implemente la educación sexual integral y la educación con igualdad de género”, puntualizó.

Hitos  

Mirta Moragas rememoró hechos relevantes en torno al tema: en el 2018, jóvenes nucleados en las organizaciones FENAES, UNEPY y Somos Pytyvohara, realizaron una manifestación exigiendo educación sexual integral. “Un hecho histórico, ya que es la primera vez que jóvenes se manifiestan exigiendo directamente educación de la sexualidad; en aquel entonces el ministro salió a hablar con los y las jóvenes, prometió entablar una mesa de trabajo que hasta ahora no se cumplió”, expresó.

En el 2015, la organización Somos Pytyvohara denunció la injerencia de la organización religiosa Decisiones, y también a través de una investigación del medio de comunicación alternativo El Surtidor, quedó demostrado que recibe dinero del Estado para charlas de “educación” de la sexualidad difundiendo inclusive información falsa como que los preservativos no previenen las ETS.

En el 2017, Decisiones llegó a poco más de 20.377 estudiantes y en el 2018 a por lo menos 4545 estudiantes. Jóvenes de entre 13 y 18 años, con dinero del Estado, sin consultar a los padres de los chicos y chicas, y sin la posibilidad de que los estudiantes pudieran negarse a participar porque era algo impuesto.

Moragas recordó además la problemática de la Salud Mental. Según indicó, Paraguay atraviesa por una crisis con altos índices de suicidios en jóvenes, muchas veces resultado de bullying dentro mismo de los colegios. “Como respuesta a esta situación el Ministerio de Educación, en 2015, en convenio con la ONG Funda Joven, con sesgo evangélico, implementó un proyecto que se llama Salvando Vidas, que ha llegado a más o menos 30 mil estudiantes, con una capacitación sobre prevención del suicidio y hábitos de crianza disertada por pastores haciendo apología a la violencia como método correctivo”, sostuvo.

Uno de los hechos más recientes es la resolución de este año, del actual ministro de Educación, Eduardo Petta, que prohíbe la utilización de una guía destinada a los docentes de educación media. “No solo no acompañó el proceso, además lo prohibió; el Ministerio está dispuesto a decirle a sus docentes que no pueden leer, que no pueden buscar información, una directa censura a la libertad de enseñar”, observó la experta.

Situación que es compleja, pero no es de derrota

Para Line Bareiro se debe retomar el esfuerzo por mejorar la calidad de nuestra educación. “Cuando en Paraguay se prohíbe el género, hay que tener en cuenta al momento en el que se elimina el marco rector, porque si había algo que se venía desarrollando de forma constante y coherente en políticas públicas era el tema educación, a diferencia de otros sectores como por ejemplo salud”, apuntó.

Consideró fundamental fortalecer una alianza amplia. “El poder del Ministerio de Educación es limitado si pensamos en todo el conjunto del Estado, en varios colegios que pertenecen al sistema público igual, como pueden, desarrollan el tema de género y educación sexual”, dijo Bareiro.

Algunos aportes del debate

“En un colegio de la capital a los alumnos les hacen firmar el libro de disciplina obligándolos y haciéndoles prometer que no van a volver a mencionar la palabra género”, Margarita de BECA

“Hay como un contrapeso a estos grupos de padres próvida/profamilia, se están articulando grupos de padres que están a favor de la enseñanza integral de la sexualidad, es algo incipiente, es un espacio que estará abierto a quienes se sientan llamados a participar”, Diana Serafini, ex vice-ministra de Educación.

“Estamos trabajando en un espacio denominado Igualdad de Género Sí, articulación con participación de jóvenes y adolescentes, para luchar contra el lobby fuerte antiderechos; es una lucha desigual”, Graciela Mendoza de Cladem-Py.

“A pesar de las prohibiciones de el tema género o la educación integral de la sexualidad, queda al arbitrio de los docentes, quienes no saben qué hacer cuando los y las jóvenes demandan saber más sobre sexualidad y recurren a la organización para poder llevar charlas a estos colegios, pero también ellos a veces no saben cómo adentrarse o cómo hacer frente a las prohibiciones del Ministerio”, Andrés Rojas de Somos Pytyvohara.

En una encuesta que se realizó en el 2015, del proyecto Jaikuaa, saltaron datos relevantes: el 75% de los y las jóvenes que culminan la Educación Escolar Básica ya había experimentado relaciones sexuales, y el el 95% está a favor de la educación integral de la sexualidad. “Es una fortaleza que hay que aprovechar, estas personas deben tener voz y se debe escuchar al 95% de los y las jóvenes que quieren educación sexual, es difícil que eso se pueda detener con una resolución”, Clyde Soto.