Foto: Luis Vera

San Bernardino, 3 y 4 de diciembre de 2016

Hacia una política nacional de cuidados

Mujeres de tierra, mujeres de barro, mujeres semillas, flores y frutos

Nos hemos encontrado. Mujeres de verde campo, de azul cielo. ¡Mujeres sin cadenas!

Unidas en el feminismo, contra el capitalismo, contra el machismo y el patriarcado

En el décimo aniversario de nuestros encuentros, en los que mujeres activistas y líderes de organizaciones sociales campesinas, indígenas, estudiantiles, cooperativistas, de mujeres trabajadoras, trans, lesbianas y bisexuales,  de diversas generaciones y procedencias, compartimos nuestras experiencias, debatimos sobre nuestros problemas  y proponemos, reunidas en San Bernardino los días 3 y 4 de diciembre de 2016, denunciamos cuanto sigue:

– Nuestros derechos continúan negados y seguimos siendo violentadas, en especial las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, las mujeres trans, lesbianas y bisexuales,  las mujeres de las zonas rurales, las mujeres viviendo con VIHS, las mujeres privadas de libertad,  las mujeres pobres, las mujeres luchadoras sociales. Nos maltratan, nos asesinan, nos fumigan con agrotóxicos, obstaculizan nuestro acceso a nuestros derechos a la salud y a la educación, impiden que nos visiten nuestros familiares cuando estamos presas, nos plantan drogas para callar nuestras denuncias, nos mandan a prisión porque cuidamos a nuestros niños y niñas, como ha sucedido con nuestras compañeras de Curuguaty, pretenden robar nuestras tierras como en Barbero Cue y en los bañados de Asunción, queman nuestras casas y nuestros lugares sagrados como en Guahory y Sauce, nos estigmatizan y militarizan, como en el norte del país.

-Los sectores fundamentalistas que buscan frenar  los avances para el ejercicio de nuestros derechos hablan de “ideología de género” para desconocer el elemento central de nuestra emancipación y de la revalorización y redistribución de los cuidados: comprender que la sociedad construye los géneros asignando roles, habilidades y capacidades según el sexo biológico y justifica con esos roles la subordinación y exclusión de las mujeres.

-Las mujeres campesinas e indígenas seguimos siendo las más olvidadas por las políticas públicas y cuando nos recuerdan es para violentarnos, como ha sucedido en esta semana con una hermana indígena de la comunidad Ava Guaraní  de Ciudad del Este, cuyos derechos fueron violados con una ilegal inspección obligatoria para descartar aborto. La violencia sufrida por ella nos muestra que la discriminación hacia las mujeres jóvenes, pobres e indígenas es aún más dura, hasta el punto de la humillación y  el ultraje.

-Mientras debatimos sobre cuidados en nuestra sociedad y pensamos cómo hacer para que exista una corresponsabilidad,  las autoridades envían a prisión a las mujeres que cuidan, como ha sucedido con nuestras compañeras campesinas de Curuguaty, que por haber cuidado a sus niños y niñas en el momento de la masacre del 15 de junio de 2012, fueron condenadas sin pruebas.

-El sistema patriarcal se expresa cada vez con mayor crueldad y virulencia: se opone a la integralidad de una ley contra la violencia hacia las mujeres, eliminando toda la perspectiva de género de la misma, intenta invisibilizar los feminicidios, bloquea  el tratamiento y la aprobación de la Ley de Salud Sexual, Reproductiva y Materno Perinatal y de la Ley Contra Toda Forma de Discriminación, lo cual nos priva de instrumentos imprescindibles para exigir nuestros derechos.

-La criminalización de la lucha social es diaria y adquiere formas cada vez más groseras. En Concepción se estigmatiza a toda la población, considerándola terrorista, y se utiliza eso para perseguir a quienes integran las organizaciones campesinas. En lugar de buscar la presencia del Estado con proyectos y planes para los jóvenes, para las mujeres, para fomentar la agricultura campesina, para la transformación del modelo productivo extractivista, se militariza nuestro territorio, nos responden con armas y muerte. Se busca acallar a la dirigencia social con  cualquier mecanismo, como ocurrió recientemente con el intento de involucramiento de un dirigente de Guahory en un homicidio, aun cuando él siquiera estaba cerca del lugar de los hechos, o como pasó en Ciudad del Este, donde plantaron drogas a un dirigente social y político de izquierda, entre muchos otros casos. Sabemos que esta forma de actuar forma parte de una política de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestra resistencia.

-La destrucción de nuestro ambiente se extiende, expulsando a las comunidades indígenas y obligándolas a deambular en las ciudades, se envenenan nuestros arroyos, ríos y aire con agrotóxicos, se siguen expandiendo los sojales y utilizando semillas transgénicas, comprometiendo nuestra soberanía alimentaria.

-Nuestros derechos laborales no son reconocidos y continuamos siendo mujeres explotadas en nuestros lugares de trabajo, mientras se precariza el empleo, sigue la desigualdad salarial para las trabajadoras domésticas y el no reconocimiento del trabajo de las mujeres indígenas. Además, trabajamos gratis y sin insumos como voluntarias y como promotoras de salud en nuestras comunidades.

-La desigualdad en la participación en el liderazgo en la política y en las organizaciones impide que nuestras demandas sean concretadas, por lo que necesitamos que la ley de paridad sea aprobada.

-Los medios de comunicación comerciales tratan nuestros temas muy ocasionalmente, por lo que las radios comunitarias son indispensables en nuestras ciudades y compañías; sin embargo, las persiguen, no las habilitan y tratan de hacerlas desaparecer.

Por todo esto, y unidas en nuestras esperanzas y luchas  Exigimos:

El respeto de todos los derechos para todas las mujeres.

La elaboración de una política de cuidados universal, intercultural, sin clientelismo ni prebendarismo, con clara perspectiva de género y con la participación de las mujeres organizadas.

El cese de la violencia  hacia las mujeres, de los feminicidios, y de la complicidad de las instituciones públicas con el maltrato y la violación de derechos de las mujeres.

El cese de la criminalización y persecución a las organizaciones sociales, así como de  la destrucción de las comunidades campesinas e indígenas. Queremos que cesen los desalojos, la expulsión de las comunidades y las amenazas de sacarnos nuestras tierras.

La reforma agraria integral, que promueva la agroecología y la soberanía alimentaria, que cese el uso de agrotóxicos y las fumigaciones de las comunidades campesinas e indígenas.

La aprobación de las leyes claves para que los derechos de las mujeres sean ejercidos a plenitud. ¡Queremos niñas que vivan su niñez y no sean obligadas a parir, nos queremos vivas y no asesinadas, queremos  decidir sobre nuestros cuerpos y no admitimos que nos toquen, nos manoseen, nos inspeccionen obligatoriamente, ni nos violen!

La participación plena en las decisiones de nuestro país y de nuestras organizaciones. ¡Queremos la Ley de Paridad!

Con estas exigencias, nos comprometemos a continuar articuladas y en lucha y movilización permanente por la igualdad y por un Paraguay con justicia social.

San Bernardino, 4 de diciembre de 2016